Un centenar de manifestantes irrumpieron en el Congreso de Guatemala y lo prendieron fuego antes de ser desalojados por la Policía y el cuerpo de bomberos. Tras los disturbios, una veintena de personas fueron detenidas y al menos otras veinte resultaron heridas.
Las protestas de este fin de semana constituyen una reactivación del movimiento contra el “pacto de corruptos”. En 2015, las manifestaciones contra la alianza entre miembros prominentes del sector privado, varios políticos y las mafias del narcotráfico, representadas por la presidencia de Otto Pŕez Molina, desembocaron en la salida del presidente ese mismo año.
El sábado el Congreso guatemalteco aprobó el presupuesto para el próximo año. Para quienes tomaron las calles desde entonces, el documento no contempla las necesidades de la ciudadanía y, en cambio, favorece los intereses de las redes mafiosas en el poder. En este sentido, las partidas para el financiamiento de un nuevo edificio del Poder Legislativo y el aumento en el presupuesto de alimentos para los legisladores están acompañadas por la reducción de los montos destinados a educación, hospitales, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad.
El presidente Alejandro Giammattei defendió el presupuesto incluso ante el vicepresidente, Guillermo Castillo, quien sugirió que ambos dejaran sus cargos debido al descontento generalizado. Los sectores democráticos del país convocaron a realizar una manifestación masiva con epicentro en la Ciudad de Guatemala. Paralelamente, advirtieron sobre la posibilidad de que grupos infiltrados perpetraran actos violentos para deslegitimar el reclamo ciudadano.
Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, sostuvo la misma teoría respecto de los incidentes en la sede del Congreso. Asimismo, planteó la relatividad del presupuesto como causa del malestar social. Según Rodas, éste sólo corona una serie de factores de descontento ante el Gobierno de Giammattei, los cuales abarcan tanto la mala gestión de la pandemia como los escándalos de corrupción.
Ante las movilizaciones, el presidente guatemalteco remarcó que, aunque existe el derecho a manifestarse, su Gobierno no permitirá la vandalización de la propiedad pública ni privada.