El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el por entonces presidente Santos y las FARC, que puso fin a décadas de conflicto en Colombia, podría verse amenazado por la pandemia del coronavirus, que tiene en vilo al gobierno colombiano, como a todos los del mundo.
Sucede que, en el marco del convenio, más allá del desarme de la guerrilla y la reconversión de las FARC en un partido político, el gobierno había tomado el compromiso de implementar obras concretas en los territorios donde se desempeñaba la guerrilla, justamente para mejorar las condiciones de sus habitantes y, de esta manera, favorecer su incorporación a la sociedad.
En este contexto, la pandemia está forzando al gobierno de Iván Duque a reorientar recursos, por lo que tanto las grandes como las pequeñas obras prometidas en los territorios ocupados por los ex guerrilleros, como la provisión de bienes y servicios, podrían verse seriamente comprometidas.
Habrá que ver cómo termina actuando el gobierno colombiano y qué papel toma el nuevo partido político derivado de las FARC ante esta situación, pero lo que queda claro es que la pandemia está sumando dificultades a un proceso que, desde un comienzo, era de compleja implementación.