Representantes de siete organizaciones civiles exigieron la derogación del régimen de excepción en El Salvador. El reclamo se da en el macro de miles de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos. También hace referencia a las más de 240 muertes que se han registrado en las cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado.
Entre el 27 de marzo de 2022 -cuando comenzó la medida aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas- al 15 de marzo de 2024, las organizaciones registran 6.305 denuncias de violaciones a derechos humanos con 16.289 hechos o afectaciones.
Los datos fueron dados a conocer este jueves. Son parte de un informe presentado por el segundo año de la implementación del régimen de excepción, que se ha convertido en la única y principal medida de seguridad del Gobierno.
Por otra parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Reclaman por una agresión contra una reportera del periódico local La Prensa Gráfica.
La APES explicó que la comunicadora fue «objeto de vigilancia e intimidación». Se dio cuando realizaba su trabajo en una zona del occidental departamento de Ahuachapán. La APES exigió a la Fiscalía una investigación exhaustiva. También que se aplique la ley para «garantizar el respeto a la libertad de prensa y expresión, y la protección de los derechos de las mujeres periodistas».
