El presidente sudafricano, Jacob Zuma, logró que el parlamento no cumplió con la obligación de hacerlo rendir cuentas sobre la polémica financiación de su casa privada, por la cual fue condenado por la justicia en 2016. Sin embargo, el Tribunal Constitucional arremetió contra el parlamento por tal omisión, y por ende contra Jacob Zuma.
En este sentido, el Tribunal determinó que el parlamento deberá poner en práctica un proceso que puede determinar o no la salida de Zuma, pero lo fuerza a no dejar la sentencia de 2016 sin tratar. Lo cierto es que la palabra final la tendrá el parlamento, ya que el Tribunal no tiene la potestad de determinar su salida.
En lo inmediato, los partidos opositores, aunque minoritarios, están intentando aumentar la presión sobre los otros partidos representados en el parlamento para forzar el proceso y la posterior dimisión de Zuma. Su fracaso en la gestión, con un elevado desempleo como punto saliente, también hace que buena parte de la sociedad desee su salida. Como suele suceder en estas situaciones, será la política la que determine el futuro de Zuma.
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