El Gobierno de Georgia decidió frenar la denominada ley de “agentes extranjeros” que había provocado dos días de manifestaciones masivas de protestas ya que gran parte de la población la consideraba un “cambio autoritario” que buscaba amordazar a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.
En un comunicado, el partido gobernante, Georgian Dream (Sueño Georgiano) preocupado por la fuerza de las protestas y las críticas de la Unión Europea, dijo que retiraría el proyecto de ley «incondicionalmente».
También acusó a oposición de difundir mentiras sobre la ley. A pesar del anuncio, los partidos opositores expresaron su desconfianza y han anunciado que seguirán con las acciones de protesta.
La ley obligaba a registrar como “agente extranjero” a las empresas u organizaciones civiles que superen el 20% de financiación extranjera en sus cuentas. Para los manifestantes, la presidenta del país y la Unión Europea, entre otros, el texto se inspiraba en uno similar aprobado por Putin en 2012.
Georgia había solicitado su adhesión a la UE en marzo de 2022 por la invasión rusa de Ucrania, pero los veintisiete países del bloque se negaron a concederle el estatuto de candidato por no avanzar en las reformas políticas y judiciales exigidas por Bruselas para iniciar formalmente el procedimiento de adhesión.