La líder de Myanmar y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fue detenida junto a otros dirigentes civiles por miembros del Ejército birmano. Los militares sostienen que su accionar se basa en las denuncias de fraude en las elecciones del pasado 8 de noviembre. Así, el país retrocede una década en el tiempo: las Fuerzas Armadas ocuparon el gobierno entre 1962 y 2011.
Aung San Suu Kyi, el presidente Win Myint, y los gobernadores de distintas regiones del país asiático han sido detenidos. A continuación, el jefe del Estado Mayor, Min Aung Hlaing, declaró el estado de emergencia. Éste regirá por un período de un año, momento en el que se celebrarían nuevas elecciones.
El Ejército se ha basado en el artículo 417 de la Constitución redactada por el mismo cuerpo en 2008 -es decir, antes de la transición democrática-. Dicho artículo dispone que las Fuerzas Armadas podrán tomar el poder si la unidad del país estuviera en grave peligro. En noviembre, la Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) obtuvo una amplia mayoría de votos en las elecciones. En consecuencia, la distribución de escaños en el Parlamento estuvo dividida: 396 para el oficialismo y tan solo 33 bancas para el Partido de la Solidaridad y Desarrollo de la Unión, el cual integran los militares. La reducción significativa de su poder parlamentario impulsó al Ejército a pasar a la acción.
Desde la transición democrática, las fuerzas castrenses conservaron grandes cuotas de poder a pesar de que, desde 2015, el gobierno de hecho yacía en manos de San Suu Kyi y la NLD. La líder birmana no pudo asumir la presidencia dado que sus hijos poseen pasaporte británico. La ley local prohíbe que quien ocupe el cargo de Jefe de Estado tenga descendencia de otra nacionalidad.
La NLD ha instado a la ciudadanía a resistir la acción militar. En Yangon y Naypyidaw, dos de las ciudades más importantes, reina una tensa calma. Las banderas de apoyo a San Suu Kyi y su partido que colmaron las calles ahora han desaparecido. Los bancos cesaron sus operaciones y las embajadas de distintos países han recomendado a los ciudadanos extranjeros residentes en el país permanecer en sus domicilios. Además, las comunicaciones y el acceso a Internet se vieron afectados durante algunas horas.
Aunque la población birmana sabe bien que la situación puede cambiar de un momento a otro, no hay alternativa más que esperar y ver cómo se desarrollan los próximos días. Ello se debe a que, producto de la pandemia, no hay vuelos comerciales disponibles.
La comunidad internacional ha expresado posturas variadas ante los sucesos. Estados Unidos y la Unión Europea exigieron que los líderes políticos civiles sean puestos en libertad y el proceso democrático sea restablecido. En cambio, los países de Asia, algunos también gobernados por militares o dictaduras de facto, se mostraron menos tajantes. China solamente ha remarcado la necesidad de que las diferencias sean resueltas en el marco de la Constitución y velando por la estabilidad del país.