El Gobierno del derechista Viktor Orbán puso en libertad a 2021 traficantes de migrantes. La medida responde a una decisión tomada en abril, que indicaba que los traficantes de personas que no hubieran cometido otros delitos podrían librarse de la cárcel si abandonaban Hungría en tres días.
El Ejecutivo justificó la medida por la saturación de las prisiones y el coste de mantener a esos delincuentes en la cárcel. Supuestamente, los liberados debían continuar con su pena en sus países de origen. Tres meses luego de tomada la decisión, la Comisión Europea (CE) abrió un procedimiento de infracción contra Hungría por esta medida, al entender que no incluía ningún mecanismo para verificar si los condenados seguían cumpliendo sus condenas en sus países de origen.
En este marco, Austria, fronteriza con Hungría, protestó al considerar que esa puesta en libertad suponía una amenaza de seguridad. La gran mayoría de los refugiados e inmigrantes que entran de forma ilegal en Hungría siguen luego hacia Austria su huida de la miseria y la guerra en sus países de origen en Asia o África.
El Gobierno húngaro mantiene una muy dura política antiinmigración. Además, practica devoluciones en caliente hacia Serbia, un país no comunitario.
Pese a estas medidas, tanto Austria como la también vecina Eslovaquia han informado sobre la entrada en su territorio de centenares de inmigrantes irregulares desde Hungría, primer país miembro de la zona de Schengen en la llamada ruta de los Balcanes por donde los refugiados llegan a la Unión Europea.