Más de 350 personas sentenciadas a muerte fueron ejecutadas por el régimen iraní. Así lo afirma la ONG Iran Human Rights. En su informe, la mayoría de los ejecutados estaban relacionados con las drogas. «Al menos 354 personas, incluidas seis mujeres, han sido ejecutadas en los seis primeros meses de 2023», ha resaltado el grupo en un informe que subraya que 206 de estas ejecuciones tienen que ver con delitos de drogas, un incremento del 126 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.
Lo llamativo, según informa la ONG con sede en Noruega, es que el gobierno de Irán solo informó 43 de las más de 350 ejecuciones. Hasta 71 personas –20 por ciento– de las ejecutadas pertenecían a la minoría baluche, una etnia mayoritariamente suní que reside principalmente en la provincia de Baluchistán, cerca de la frontera con Pakistán. Cabe recordar que en Irán predomina la etnia chií dentro del Islam.
Baluchistán fue una de las provincias más atacadas por la Guardia Revolucionaria durante las protestas surgidas en el país en septiembre del año pasado. Cientos de baluches murieron en acciones de la Guardia Revolucionaria en Zaheda y Jash.
A este ritmo, Irán superaría en 2023 las ejecuciones de 2022, cuando se registraron 576 personas. «La pena de muerte se utiliza para generar miedo social y evitar más protestas», se ha lamentado el director de Iran Human Rights, Mahmud Amiri-Moghaddem. Según Amnistía Internacional, «la mayoría de los muertos son víctimas low-cost para la máquina de matar: acusados por drogas de las comunidades más marginadas».