El Tribunal Constitucional de Italia validó parte de la reforma electoral impulsada por Matteo Renzi en 2015, la cual establece que el partido que alcance el 40% de los votos obtendrá el 55% de los 630 escaños de la Cámara de los Diputados. El objetivo, facilitar la gobernabilidad. Sin embargo, Renzi también proponía que si no se llegaba a ese 40%, se hiciera una segunda vuelta entre las dos fuerzas que más votos hubieran sacado, cuyo ganador se quedaría con el 55% de los escaños, como si hubiera obtenido el 40% en la primera vuelta. Ese aspecto de la ley fue rechazado por el Tribunal.
Sin embargo, el sistema electoral italiano queda rengo, porque esta ley sólo incumbe a la cámara de Diputados. La de Senadores, en cambio, mantiene su sistema vigente, que presenta serios escollos para la gobernabilidad ya que habilita a que ninguno de los partidos obtenga una mayoría que permita designar al primer ministro. Considerando que para formar gobierno se necesita la confianza de ambas cámaras, la inestabilidad del sistema político italiano se mantiene.
A partir de esta ley, conocida como Italicum, el Tribunal Constitucional también habilitó la convocatoria a elecciones, por lo que ahora la discusión está centrada en la necesidad o no de convocar a elecciones de manera urgente, lo que reclama buena parte de los partidos de la oposición.