La Corte Penal Internacional (CPI), que juzga los crímenes que competen a la justicia internacional, carece de jurisdicción sobre China dado que el país no se cuenta entre los miembros del máximo tribunal. De este modo, la fiscalía se ve incapacitada para investigar los crímenes de persecución, genocidio y tortura de los cuales se acusa a Beijing en la denuncia presentada ante la CPI por uigures exiliados.
El fiscal al mando en el tribunal, Fatou Bensouda, ha indicado que mantendrá el expediente abierto a la espera de una posibilidad para iniciar la investigación. En esta misma línea, Bensouda afirmó que aguarda la obtención de información sobre deportaciones de uigures desde Tayikistán y Camboya hacia China. Siendo los primeros dos miembros de la CPI, la fiscalía podría ejercer su jurisdicción e investigar el caso.
A mediados de 2020, un grupo de expertos independientes que asesoran al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas instaron a los estados parte a abrir una investigación sobre el accionar del Gobierno chino. Si el Consejo de Seguridad de la ONU lograra un acuerdo sin veto de ninguno de sus miembros permanentes, este órgano podría facultar a la CPI a desarrollar una investigación incluso en un estado que se encuentra por fuera de su jurisdicción.
La población uigur reside fundamentalmente en la región de Xinjiang, en el noroeste del país asiático. Los miembros de la minoría perseguida por el Gobierno de Xi Jinping se caracteriza por profesar el Islam. Hasta el momento Beijing ha negado rotundamente las acusaciones de represión. Asimismo, las autoridades chinas han calificado a los campos de reclusión de meros centros de reeducación y entrenamiento. A su vez, China insiste en que se trata de un asunto interno vinculado a la lucha contra el separatismo y la violencia que no compete a terceros países.