Myanmar atraviesa una crisis política y social desde el golpe de Estado perpetrado contra el gobierno de la Premio Nobel Aung San Suu Kyi a comienzos de 2021. Desde entonces se desataron protestas pacíficas que fueron aplacadas por el accionar violento de las fuerzas de seguridad. Esta situación dio lugar al surgimiento de movimientos de resistencia armada.
Noeleen Heyzer, funcionaria designada por Naciones Unidas para Myanmar, llegó a Naypyitaw, la capital, esta semana. Allí fue recibida por autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, Heyzer se reunió con el jefe de la Junta militar que perpetró el golpe de 2021, Aung Hlaing. La enviada de ONU habría exigido que el gobierno castrense libere a los presos políticos y suspenda las ejecuciones extrajudiciales.
Heyzer emitió un comunicado oficial en el que afirma que el propósito de su visita es transmitir la preocupación de las Naciones Unidas sobre la creciente violencia que se evidencia en Myanmar. A su vez, subraya que, aunque la voluntad de contribuir de la ONU no implica legitimar el golpe, su viaje a Asia sí busca establecer un plan de acción que permita avanzar en la reducción del conflicto y del consecuente sufrimiento al que está sujeta la población local.
La comunidad internacional ya ha expresado su rechazo respecto del accionar de los generales que integran la Junta en Myanmar. La ejecución de cuatro activistas pro-democracia fue uno de los hechos particularmente condenados. En una línea similar, las cortes y tribunales locales han emitido sentencias excesivamente extensas para presos políticos.
De hecho, Heyzer arribó a Myanmar al día siguiente de que un tribunal sentenciara a Aung San Suu Kyi -la líder derrocada el último año- a 6 años de prisión por cargos de corrupción. La enviada especial de ONU solicitó a las autoridades castrenses una reunión con Suu Kyi, pero el vocero del gobierno militar informó que no se autorizará ningún encuentro con personas acusadas de cometer un crimen.