Tras un año de trabajo, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos ordenada por las Naciones Unidas para Venezuela presentó su informe en Bruselas. Se trata de la primera vez que se establecen responsabilidades individuales sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Gobierno de Venezuela.
El documento de más de 400 páginas detalla los delitos cometidos y señala como responsables directos al presidente Nicolás Maduro; al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y mano derecha de Maduro, Diosdado Cabello; a los ministros Néstor Reverol y Vladimir Padrino López; así como también a los jefes de los servicios de inteligencia y otros 45 funcionarios.
Marta Valiñas, jefa de la Misión de Naciones Unidas, aseguró que se encontraron motivos razonables para afirmar que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas planificaron y ejecutaron crímenes de lesa humanidad desde 2014. Entre ellos, las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura. Asimismo, la Misión considera que no se trató de actos aislados, sino que fueron cometidos en el marco de una política de Estado y con el consentimiento de los altos funcionarios del gobierno.
Más de 3.000 casos fueron analizados para la redacción del informe. En este sentido, según el equipo de Valiñas las violaciones que comprenden lo descrito en el informe entran en el área de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). La fiscalía de la CPI trabaja desde 2018 en la investigación por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela.
Por otra parte, el documento exhorta a los Estados a iniciar acciones legales contra los individuos considerados responsables y solicita al Consejo de Derechos de la ONU dar continuidad a las investigaciones en el país sudamericano. A su vez se incluye un conjunto de recomendaciones para Venezuela.
La misión internacional no pudo realizar parte de la investigación en territorio venezolano dado que el Gobierno ignoró las solicitudes de ingreso. A ello se sumaron las restricciones de viaje a nivel mundial por la pandemia de coronavirus. Es así que las 274 entrevistas fueron realizadas a distancia con víctimas, testigos, familiares, antiguos funcionarios del Estado, abogados, y miembros de organizaciones no gubernamentales. Además, informes confidenciales y otros expedientes constituyeron una parte fundamental de la investigación.