La Comisión Europea inició un procedimiento infractor ya que considera que Varsovia y Budapest violan los derechos fundamentales de la comunidad LGBTI. El Gobierno de Viktor Orbán aprobó una norma que prohíbe la difusión de contenido vinculado a la diversidad sexual en ámbitos donde haya menores. Por su parte, el Ejecutivo polaco estableció zonas libres de ideología LGBTI en distintos municipios del país. El órgano comunitario considera que ambas medidas van en contra de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE).
La ley introducida por el Gobierno húngaro está inspirada en una norma aprobada en Rusia en 2013. Ésta abarca tanto a las escuelas como a los medios de comunicación. Un número de organizaciones de la sociedad civil ha advertido que la normativa podría hacerse extensiva a la vía pública. Bruselas sostiene que la ley vulnera las normas comunitarias relativas a los Servicios Audiovisuales, el Comercio Electrónico, la Transparencia del Mercado Único y la Protección de Datos. Asimismo, las disposiciones húngaras atentan contra la dignidad humana, la libertad de expresión e información, la privacidad y el derecho a la no discriminación.
En Polonia, el Gobierno de Mateusz Morawiecki se ha mostrado a favor de la aplicación de una norma similar a la impuesta en Hungría. De momento, la Comisión Europea -con Ursula Von der Leyen a la cabeza- ha dispuesto un congelamiento de los fondos comunitarios destinados al centenar de localidades que se declararon libres de ideología LGBTI. A ello se suma la decisión de abrir un expediente contra Varsovia dada la reticencia del Ejecutivo polaco para cooperar con las autoridades comunitarias.
Los dos Gobiernos ultraconservadores disponen de un plazo de dos meses para presentar una respuesta ante la Comisión. Si la respuesta resulta insatisfactoria para Bruselas, el Ejecutivo que conduce Von der Leyen deberá enviar una opinión razonada a cada una de las partes. Este constituye el paso previo a la elevación del caso al Tribunal de Justicia de la Unión.