Amy Coney Barrett se enfrenta al Comité Judicial del Senado estadounidense como parte del proceso de audiencias que derivarán en el voto de confirmación o rechazo de su nominación a la Corte Suprema, por parte de dicho comité. A pesar de las críticas del partido demócrata, las sesiones para la ratificación han iniciado a tres semanas de las elecciones presidenciales.
Según adelantó la presidente del panel que interrogará a la jueza Barrett, la votación podría tener lugar el 22 de octubre. De este modo, el procedimiento acelerado marca una diferencia con las nominaciones de los jueces nombrados en las últimas décadas. En un extremo, la confirmación de Neil Gorsuch -nominado por Trump- llevó 66 días en tanto sólo pasó el centenar de días la ratificación de Clarence Thomas, propuesto por George H. W. Bush.
En 2016 los republicanos impidieron que Barack Obama nombre un reemplazo para el fallecido juez Antonin Scalia a nueve meses de los comicios. Ahora Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, ha insistido en la necesidad de llevar adelante la confirmación de Amy Coney Barrett. A su vez, las audiencias han comenzado en el día de ayer a pesar de que hay tres senadores republicanos -dos de ellos miembros del Comité Judicial- que han dado positivo por coronavirus.
Las audiencias se extenderán durante cuatro días en los que los senadores que así lo deseen podrán participar de forma virtual. Luego, si el Comité así lo habilita, el Senado deberá tomar una decisión respecto de la jueza Barrett. Los republicanos confían en su mayoría de 53 bancas frente a 47 de la oposición en la Cámara alta.
De ser confirmada como jueza del Tribunal Supremo, Barrett inclinaría la balanza hacia el conservadurismo. Ello puede resultar crucial para los republicanos y muy particularmente para Donald Trump, si la Corte debiera dirimir sobre el resultado de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Otros temas en juego incluyen la continuidad de la ley que avala la interrupción voluntaria del embarazo así como también la ley sanitaria promulgada durante la administración Obama.