Como respuesta al paquete de sanciones más reciente, el gobierno chavista ordenó la expulsión de la Embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante. La diplomática cuenta con un plazo de 72 horas para dejar el país. Desde Bruselas instaron al Gobierno de Nicolás Maduro a reconsiderar la decisión tal como sucedió en junio de 2020. Asimismo, se enviaron notas de protesta y rechazo a Alemania, España, Francia y los Países Bajos.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, citó a la diplomática de nacionalidad portuguesa a fin de comunicarle su cambio de status a persona non grata. Se trata de una estrategia frecuentemente aplicada por Caracas en un intento por reafirmar su soberanía. A excepción del cuerpo diplomático estadounidense -que opera desde Bogotá-, las expulsiones de representantes extranjeros siempre han sido rectificadas. No obstante, habiendo conseguido la mayoría en la Asamblea Nacional el mes pasado, la cual le otorgó el control de todas las instituciones, el gobierno venezolano no parece muy predispuesto a tolerar presiones internacionales.
La UE sancionó a 19 funcionarios del gobierno venezolano por la celebración de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Éstas se realizaron sin la participación de candidatos opositores a la vez que se registraron irregularidades y una sumamente baja participación ciudadana. Las sanciones incluyen el congelamiento de activos y cuentas en el espacio europeo y la prohibición de ingreso al territorio comunitario. De este modo, la lista de sancionados se extiende de 36 a 55 afectados e incluye a un sector reducido de diputados opositores que pactaron con el chavismo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
Por su parte, la decisión de Venezuela fue el resultado de la iniciativa de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien propuso la expulsión de Brilhante en la sesión del martes. A raíz de ello, el Ejecutivo recibió la petición del Parlamento y procedió a ejecutar la expulsión de la embajadora y el cierre de la delegación de la UE en Caracas.
En junio de 2020, y luego de que Bruselas anunció la aplicación de sanciones a 11 funcionarios venezolanos, Maduro ordenó la expulsión del cuerpo diplomático europeo. Sin embargo, la medida fue revertida días después como resultado de una conversación entre Josep Borrell y el canciller Arreaza. No es imposible, entonces, considerar que la situación actual puede llegar a revertirse. Es fundamental tener en cuenta que Caracas pretende modificar el vínculo con Estados Unidos en lo que se refiere a las sanciones sobre el sector petrolero. Para ello, la “buena conducta” del país sudamericano puede resultar clave ante los ojos de la nueva administración Biden.