El presidente venezolano busca mejorar su imagen por medio de reformas judiciales y excarcelaciones en vísperas de la visita del fiscal de la CPI. Las maniobras buscan atemperar el impacto de un expediente que abarca la existencia de más de 250 presos políticos y acusaciones de violación sistemática de los derechos humanos así como también crímenes de lesa humanidad.
Esta semana, dos activistas de la ONG Fundaredes, Omar de Dios García y Rafael Tarazona, fueron liberados tras haber sido detenidos en julio de este año. De momento, el director de la organización que denunció la presencia de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela en connivencia con el Gobierno chavista sigue detenido. Los tres fueron acusados de terrorismo y traición a la patria.
Karim Khan, el fiscal de la CPI, visitará Venezuela en el marco de su gira por Latinoamérica. Su llegada al país está programada para finales de esta semana. Se trata de una visita auspiciada por Caracas a modo de dar indicios de apertura y cambios en el sistema judicial. El proceso contra Venezuela en La Haya fue iniciado en 2018 por los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. A su vez, al expediente se han agregado las denuncias de la ex fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, y también de las organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas.
La predecesora de Khan, Fatou Bensouda, consideró que las evidencias planteaban la necesidad de investigar crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano. La decisión de la apertura está pendiente desde julio, momento en que asumió el nuevo fiscal de la Corte Internacional. Con su visita, Khan espera poder tomar la decisión final. Por un lado, Maduro intentará convencerlo de que no hay motivos que justifiquen avanzar en la investigación y, por otro, las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas del accionar del Gobierno harán todo lo posible para que el Tribunal sancione al Ejecutivo.