Irving Barrios, fiscal general del Estado de Tamaulipas, anunció la detención de 12 policías estatales por la masacre de 19 personas en el municipio fronterizo de Camargo. El viernes pasado, las autoridades reportaron el hallazgo de cuerpos con heridas de bala y calcinados en dos camionetas. Los agentes detenidos están acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad de informes ante una autoridad.
Dado que los vehículos presentaban 113 perforaciones producto de disparos de bala y apenas se encontraron algunos casquillos, la investigación abarca la posibilidad de alteración de la escena del crimen. De acuerdo con lo informado por Barrios, el convoy de migrantes oriundos de Guatemala y El Salvador habría sido más grande. Es posible, entonces, que un grupo logró evitar el ataque. Las autoridades desconocen el paradero de dicho grupo y especulan que podrían haber cruzado con éxito a Estados Unidos.
La masacre recuerda a los sucesos de San Fernando en 2010, cuando el cartel de los Zetas asesinó a 72 migrantes que se dirigían a la frontera. El fuego ha dificultado la identificación de las víctimas. Hasta el momento, sólo cuatro fueron identificados. Dos de ellos eran mexicanos presuntamente asociados al tráfico de migrantes. Los otros dos tenían nacionalidad guatemalteca. Aún resta determinar el rol de los agentes de la policía detenidos en el hecho. La fiscalía general de Tamaulipas no descarta la posibilidad de que las muertes sean producto de un enfrentamiento entre cárteles de droga. Éstos se disputan el territorio y el derecho a cobrar a los traficantes de migrantes por pasar por zonas bajo su control.
Los resultados de la investigación forense han confirmado las sospechas de la comunidad indígena de Comitancillo, en Guatemala. Distintas familias informaron haber perdido contacto con 13 migrantes que viajaban con destino a los Estados Unidos. Algunos de ellos pretendían reunirse con familiares ya emigrados.