México vive horas convulsionadas tras la aprobación por parte del Senado la semana pasada de una polémica reforma electoral. La nueva normativa limita política y económicamente al Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de todo lo relativo a procesos electorales. También se compactan sus estructuras y algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La nueva ley fue aprobada por 72 senadores del oficialista Morena y aliados, contra 50 votos en contra. Suprime funciones duplicadas en áreas administrativas, reduce de 300 oficinas distritales a 264 y, por primera vez, reconoce que los migrantes mexicanos o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet. Asimismo, dispone que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad.
Desde la oposición, conservadora, las voces de protestas no tardaron en llegar. Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que es el «peor retroceso democrático de la historia de México», mientras que Josefina Vázquez Mota, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que la reforma «atenta contra la democracia y es el camino hacia el autoritarismo».
Pero la protesta de la oposición no se limitó a declaraciones. En las últimas horas, más de 500.000 personas se congregaron en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México, con los colores rosa y blanco como insignia. Bajo el lema #ElINENoSeToca, argumentaron que la reforma de AMLO quita competencias al INE, favorece claramente a los sectores de izquierda y atenta contra el proceso democrático. También solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que declare inconstitucional la norma.