Alma Barragán buscaba llegar a la alcaldía de Moroleón, en Guanajuato, uno de los Estados donde la violencia alcanza niveles críticos. Ayer, Barragán había compartido su paradero en redes sociales e invitó a la población a acercarse para escuchar sus propuestas. Allí fue atacada por varios hombres armados. En las últimas dos semanas, otros dos candidatos del Movimiento Ciudadano también han muerto a tiros.
El 14 de mayo, el candidato Abel Murrieta falleció en un acto político en Cajeme, Sonora. El domingo, Arturo Flores Bautista, candidato a síndico en el municipio de Landa de Matamoros, en Querétaro también fue hallado sin vida. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, condenó el crimen contra Alma Barragán e instó a que las autoridades trabajen en el esclarecimiento de lo ocurrido. No obstante, las altas tasas de impunidad que afectan a México indican que las víctimas difícilmente obtendrán justicia.
El país se encamina a uno de los ciclos electorales más importantes de los últimos años. El 6 de junio se elegirán casi 20.000 cargos, 15 gobernadores y los diputados de la Cámara de Diputados y los representantes de los congresos locales. En este contexto, la violencia ha alcanzado niveles extremos, debilitando el proceso democrático. Cada semana se reiteran las amenazas y agresiones contra candidatos de todo el país, sus colaboradores e incluso sus familias. Más de 200 aspirantes a un cargo han solicitado protección, aunque temen que la fiscalía trabaja en connivencia con los responsables de los ataques.
Los datos de abril indican que las víctimas fatales suman alrededor de 80 entre los candidatos y casi una treintena de familiares de políticos. En un país marcado por el narcotráfico, los ataques contra la clase política no responden únicamente a las actividades de los cárteles de drogas. En muchas localidades las amenazas, secuestros y ataques están asociados a los partidos gobernantes que buscan retener sus posiciones predominantes ante candidatos que abogan por el cambio.