Ayer, el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados en un juzgado de Jerusalem. Un panel de tres jueces presidió la audiencia inicial del juicio por cargos de corrupción al que se enfrenta el mandatario.
El proceso judicial, que debió ser pospuesto por el brote de coronavirus en el país, amenaza con dividir aún más a la sociedad, cuyas profundas diferencias y alta polarización resultaron en la necesidad de celebrar tres elecciones en el último año. Además, las acusaciones de aceptación de sobornos, fraude y abuso de confianza que se erigen contra el mandatario ya han derivado en un enfrentamiento abierto entre éste y el sistema judicial israelí.
Netanyahu afirma que el juicio es un intento por removerlo del cargo que todavía ocupa. Asimismo, solicitó que el proceso judicial sea transmitido por televisión. La exposición mediática podría beneficiar al Primer Ministro o, por el contrario, socavar aún más su imagen.
No se trata del primer caso de un juicio por corrupción en que el acusado es un funcionario de alto rango -el caso de Olmert es relativamente cercano-. No obstante, sí se trata de la primera vez que quien debe sentarse en el banquillo se rehúsa a dimitir del cargo que ocupa.
El Primer Ministro ha intentado sin éxito obtener un voto de inmunidad por parte del Parlamento. Así, el juicio comenzó una semana después de que se iniciara su quinto mandato como Jefe de Gobierno. Esta vez, a diferencia de los últimos diez años, dicho mandato finalizará en 18 meses cuando el opositor -ahora aliado- Benny Gantz asuma la dirección del gabinete.
Se espera que el juicio se extienda a lo largo de dos años y podemos preguntarnos: ¿Podrá “Bibi’ salir airoso del proceso judicial?¿Deberá Gantz asumir como Primer Ministro antes del plazo establecido?¿Qué será de la política israelí, tan acostumbrada a la figura de Netanyahu?