La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Constitución Política en la que le quitan facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Con la reforma constitucional, aprobada por el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, «se desvincula a los Registros Públicos de la administración de justicia a cargo del Poder Judicial», informó el Legislativo nicaragüense en una declaración.
Según los legisladores oficialistas, el avance del gobierno de Nicaragua sobre la Corte Suprema implica que los Registros Públicos pasarán bajo la administración de la Procuraduría General de la República. El objetivo es «agilizar y optimizar los servicios brindados por los mismos en materia de propiedad, mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles».
La reforma constitucional y la nueva ley fueron aprobadas en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra «intervenida» por la Policía Nacional.
Según el diario La Prensa, la Policía Nacional ha detenido a «decenas de empleados del Poder Judicial, incluyendo su presidenta Alba Luz Ramos, quien fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales» y estaría bajo investigación.