Antiguos compañeros guerrilleros del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dirigentes opositores y líderes estudiantiles, todas voces críticas con el régimen sandinista, fueron liberados y luego trasladados de su encierro a un vuelo chárter con destino a Washington. El Gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, los desterró del país declarándolos traidores y apátridas.
Todos quienes cumplían penas de prisión en cárceles o sus hogares también fueron despojados, arbitrariamente y a perpetuidad, de todos sus derechos políticos y ciudadanos por el Tribunal de Apelaciones de Managua. A continuación, la Asamblea Nacional, aprobó un decreto para quitarles la nacionalidad nicaragüense.
La dictadura encabezada por Ortega en Nicaragua conservaba a los rehenes como carta de negociación frente a su creciente aislamiento internacional. Parecía la única vía posible para acceder a concesiones. Los presos a cambio del levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, y otros países contra entidades gubernamentales y empresas públicas y otras privadas afines al régimen, así como contra funcionarios y miembros de la familia Ortega. Sin embargo, Washington aclaró que se trató de una decisión unilateral de Managua y que no hubo concesión alguna por parte de la Administración Biden.
En una clara señal de debilidad, Ortega decidió entregar su única herramienta para preservar un mínimo margen de maniobra sin exigir nada a cambio. Tras su liberación, los presos políticos nicaragüenses han recibido el apoyo de la comunidad internacional. Entre otros, el Ministro de Asuntos Exteriores de España hizo público el ofrecimiento para que los 222 liberados tramiten la ciudadanía española.