Las autoridades nicaragüenses han lanzado un «ataque sistemático contra las organizaciones religiosas» con expulsiones de 42 sacerdotes y seminaristas en el último año. Así lo destacó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que también denunció la extensión de la represión contra los activistas a sus familiares.
El director de operaciones y cooperación técnica de la oficina, Christian Salazar, presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe sobre la situación en Nicaragua en los últimos 12 meses, donde destacó un incremento de la persecución a opositores que también alcanza a instituciones religiosas.
«La persecución ha resultado en el cierre de al menos 1.103 de estas entidades desde 2018», indicó Salazar, quien subrayó que esta represión también se ha traducido en detenciones arbitrarias de religiosos, procesos judiciales sin garantías, secuestros de sacerdotes en sus parroquias o las mencionadas expulsiones.
El cierre de instituciones jurídicas, agregó, forma parte de la política de cancelación de la personalidad jurídica de todo tipo de organizaciones por parte del Gobierno de Daniel Ortega. Tan sólo en un día del pasado mes de agosto se ordenó el cierre de 1.500 de estas organizaciones, 700 de ellas religiosas, lo que eleva el total de disueltas desde 2018 a más de 5.000, recordó Salazar.