Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, está librando un nuevo round contra la Iglesia Católica nicaragüense. En las últimas horas, el gobierno quitó la personería jurídica de la orden de los Frailes Menores Franciscanos y confiscó sus bienes. Lo propio hizo con 16 organizaciones no gubernamentales, muchas ligadas a la Iglesia Católica y a la Evangélica.
Según el gobierno, todas incumplieron leyes sobre el reporte de sus estados financieros. También sobre juntas directivas, detalle de sus donaciones e identidad y origen de sus donantes. La decisión, publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que los bienes muebles e inmuebles de los organismos cancelados pasarán a manos del Estado de conformidad con ley.
No es la primera vez que sucede. Por ejemplo, en agosto, el gobierno canceló la personería jurídica a la Compañía de Jesús. También confiscó la universidad jesuita de Managua bajo acusaciones de «terrorismo», así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
La Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís tenía unos 58 años en Nicaragua. Entre las oenegés que quedaron sin personalidad jurídica este martes está la Asociación Iglesia Internacional de Cristo, la Asociación de Mujeres Las Golondrinas, la Fundación Centro de Atención Integral a Niños y Niñas con Autismo, la Asociación Evangelística Impacto Juvenil de Nicaragua, y la Asociación Nicaragüense de Iglesias de Cristo.
La embestida de Ortega contra la Iglesia Católica comenzó hace varios años ya. Para el gobierno, son parte de un movimiento que alienta a opositores. Desde 2018, el gobierno canceló a más de 3.000 ONGs, por asociarlas a bloqueos de calles y por considerar que fomentaron choques entre opositores y oficialistas.
La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de esas protestas. Ortega cree que la Iglesia es parte de un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Dicho país, junto a la Unión Europea y otros países, denunciaron una violenta represión contra opositores. Si bien muchos sacerdotes fueron liberados, queda en prisión el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico del gobierno, condenado en febrero a más de 26 años bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato.