Pedro Castillo, el ahora expresidente de Perú, deberá seguir detenido. Así lo definió el Supremo del país andino a través de la Sala Penal Permanente, tras rechazar la apelación presentada por los abogados de Castillo para anular su detención provisional por un plazo de siete días, que le fue impuesta tras intentar disolver el Congreso. Así las cosas, Castillo deberá cumplir con la semana de detención impuesta por el juez Juan Carlos Checkley y que también demandaba la Fiscalía de la Nación, la cual solicitó 18 meses de prisión preventiva para Castillo.
Por su parte, Argentina, Colombia, México y Bolivia emitieron un comunicado en apoyo a Castillo y haciendo «un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas», asegurando que esa era «la manera de interpretar» los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Las protestas en contra de su detención y a favor de cerrar el Congreso ya dejaron siete fallecidos y un centenar de heridos. El nuevo Gobierno de la Dina Boluarte ha hecho un llamamiento al diálogo y ha convocado gabinete de crisis para hacer frente a la crisis.