La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe en el que concluyó que el Estado peruano cometió “violaciones de derechos humanos graves”. Fue durante las protestas antigubernamentales que siguieron a la destitución del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, después que éste intentara disolver el Congreso.
La CIDH señaló que el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades causó un alto número de muertos y heridos por impactos de armas de fuego. De hecho, más de 60 personas murieron en los choques entre la policía, los militares y los manifestantes. Esto sucedió principalmente en las regiones andinas de Ayacucho y Puno.
Las violaciones deben ser investigadas con “debida diligencia y con un enfoque étnico racial”, ya que las muertes podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”, dijo la CIDH. Margarette May Macaulay, presidenta del organismo, clasificó las muertes como una “masacre” debido a la privación múltiple del derecho a la vida.
Cabe recordar que la Comisión visitó Perú en enero pasado para elaborar el informe, durante el cual se reunió con familiares de las víctimas, entidades autónomas de la sociedad civil y el gobierno. Recientemente, Human Rights Watch llegó a una misma conclusión en cuanto a la responsabilidad del Ejército y la policía en las muertes durante las protestas.
En este contexto, la fiscalía peruana inició una investigación preliminar contra Boluarte, la presidenta que sustituyó a Castillo. La acusa de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las protestas que exigían la renuncia de la mandataria y elecciones anticipadas. Castillo, por su parte, cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de un eventual juicio.