Perú aprobó una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas. La iniciativa que beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados.
En medio del rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ley se hizo oficial luego de que el Gobierno decidió no observarla. El texto anula procesos por presuntos crímenes cometidos durante el conflicto interno o «guerra contra el terrorismo» según las autoridades de la época. El conflicto dejó más de 69.000 personas muertas y 21.000 desaparecidas entre 1980 y 2000.
«La controversia radica en que lo señalado en el Estatuto de Roma y la convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley. Así que desde el punto de vista de la aplicación inmediata de la ley penal no es cierto que la norma promueva la impunidad», dijo el jefe del gabinete Gustavo Adrianzén el 7 de agosto.
Según la norma «nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002». Allí entró en vigor en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Según las autoridades peruanas la ley sirve para precisar la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación local.
El Gobierno rechazó que se trate de una amnistía encubierta o «ley de impunidad». Lo mismo señalan grupos defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas de masacres cometidas por militares entre 1980 y 2000.