En el día de hoy se hizo pública la emisión de una orden de arresto contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otras 35 personas acusadas de estar involucradas en el asesinato del general iraní Qassem Soleimani, ocurrido en territorio iraquí el pasado tres de enero.
El líder de la Fuerza Quds -unidad de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en guerra no convencional y operaciones de inteligencia militar- fue dado por fallecido luego de que el Ejército estadounidense llevara a cabo un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad. El ataque fue justificado por el Pentágono haciendo alusión al rol central de Soleimani en el planeamiento de ataques contra las fuerzas de Estados Unidos presentes en la región.
La acusación del fiscal de Teherán, Ali Alqasimehr, incluye a militares y civiles estadounidenses considerados partícipes de la acción, calificada de terrorista. Asimismo, solicitó ayuda a Interpol y espera que se emitan alertas rojas para los acusados. No obstante, aclaró que la justicia iraní pondrá más presión en la persecución del presidente Trump una vez que éste haya concluido su mandato.
La muerte de Soleimani llevó a la relación entre Teherán y Washington a un nuevo máximo de tensión cuando el líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Hoseiní Jamenei, prometió una dura venganza contra los Estados Unidos. A su vez, días después de ocurrido el ataque, Irán tomó represalias usando misiles para atacar dos bases aéreas estadounidenses ubicadas al otro lado de la frontera que lo separa de Irak.
Aunque podría tratarse de una acción simbólica más que concreta, la orden de arresto continúa acumulando tensión en una relación particularmente intrincada. Restará evaluar tanto las decisiones tomadas por la Casa Blanca como también el consecuente accionar del Departamento de Estado.