Enero es un mes convulsionado en Túnez. Hace siete años renunciaba el dictador Zine el Abidine Ben Alí, justamente producto de la presión popular. Desde entonces, se sucedieron distintos gobiernos, aunque siempre en un marco democrático. Hoy, la apremiante situación económica del país ha llevado al gobierno a proponer medidas de ajuste, que encontraron un fuerte rechazo en la población.
Durante esta semana, manifestantes realizaron diversas protestas, que incluyeron la quema de edificios públicos. El resultado, 800 detenidos, e incluso un muerto. La incertidumbre generada por las medidas de ajuste, aparentemente solicitadas por el FMI como condición para enviar al país un paquete de ayuda financiera, no hizo más que disparar los precios de muchos bienes y servicios, lo cual exacerbó aún más a los manifestantes.
Una crisis de este tipo, en una democracia tan reciente, débil e imperfecta como la tunecina, pone en serio riesgo a cualquier gobierno. No obstante, las autoridades ya afirmaron que no darán marcha atrás con las medidas, con las que buscan fortalecer la situación económica general.
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