Las autoridades peruanas decretaron el toque de queda en Puno, en el sureste del país. La ciudad ha sido la más golpeada por el accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas de los últimos siete días allí, al igual que en Cusco, Arequipa y otras regiones. A su vez, el Gobierno aseguró que no permitirá a los manifestantes avanzar hacia Lima. Al menos 48 personas han muerto en el último mes, 18 de las cuales perdieron la vida el último lunes.
Las protestas estallaron en distintos puntos del país luego del fracasado autogolpe perpetrado por Pedro Castillo. El expresidente se encuentra en prisión preventiva desde diciembre. En su lugar asumió Dina Boluarte, quien había sido la compañera de fórmula de Castillo. Entre julio de 2021 y el 7 de diciembre pasado, Boluarte se desempeñó como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
A raíz de las muertes ocurridas al comienzo de esta semana, se convocaron movilizaciones en 31 provincias de 12 regiones del país exigiendo el cese de la violencia policial y la renuncia de Boluarte. Aunque el Ejecutivo declaró duelo nacional para el miércoles 11 de enero por las víctimas de las manifestaciones, el primer ministro Alberto Otárola, declaró que el Gobierno no cederá ante los reclamos de la ciudadanía.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Perú expresó su preocupación por la espiralización de la violencia en el país andino. A su vez, instó a las fuerzas de seguridad a atenerse a los principios de legalidad, precaución y proporcionalidad en el uso de la fuerza. En esta misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que se realizará una visita a Perú hacia el final de esta semana.
Además de la condena internacional por los sucesos de los últimos días, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra la presidenta Boluarte y los ministros considerados involucrados: además de Otárola se suman el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. También entre los apuntados están el ex primer ministro Pedro Angulo y el exministro del Interior César Cervantes. Todos están acusados por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
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