Reino Unido aprobó la ley que permite expulsar migrantes de Ruanda a países que considere seguros. En este marco, la Organización de Naciones Unidas solicitó al gobierno «reconsiderar su plan».
Los directores de las agencias de Naciones Unidas para los refugiados, Filippo Grandi, y para los derechos humanos, Volker Turk, pidieron al Gobierno británico que, en su lugar, «adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de refugiados y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos».
Quien se sumó a la petición también fue el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty. Solicitó a Reino Unido que no deporte a Ruanda a migrantes, como autoriza la nueva ley, que a su parecer viola la independencia de la Justicia y diversos tratados internacionales firmados por Londres.
«El Gobierno británico debería abstenerse de transferir personas y debería dar marcha atrás a la violación efectiva de la independencia de la Justicia que contiene esta ley», señala O’Flaherty en un comunicado emitido este martes.
El problema, según su argumentación, es que la ley adoptada en la noche del lunes al martes por el Parlamento británico las priva de un verdadero recurso ante los tribunales británicos puesto que no se les permite que analicen cualquier alegación sobre el hecho de que Ruanda podría no actuar sobre ese punto conforme al tratado bilateral, vulnerando los derechos de los refugiados amparados por la ONU y por los tratados internacionales.
Justamente en esta madrugada cinco migrantes murieron en el norte de Francia al intentar cruzar el Canal de la Mancha camino a Reino Unido. El pasado 3 de marzo se había ahogado una niña de siete años en el canal del Aa, que desemboca en el mar del Norte, cuando se encontraba en una pequeña embarcación con otros 15 migrantes.