A través de un comunicado, el Gobierno español anunció este jueves que, debido a la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puidgemont, de informar “de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa Comunidad Autónoma” y ante la negativa de “restituir el orden constitucional alterado”, que avanzará “con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”.
Esto significa, en la práctica, el primer paso para la intervención de Cataluña por parte del gobierno central español, liderado por Mariano Rajoy.
Según el artículo 155, “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
Según el comunicado, “el próximo sábado el Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, aprobará las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma”.
En respuesta, el presidente de la Generalitat amenazó con “votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10”, lo que en la práctica sube la tensión la política al máximo y habilita al gobierno central a avanzar con su plan intervencionista.
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