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    Tres presidentes mexicanos, acusados de recibir sobornos de Odebrecht

    21 agosto, 2020
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    El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ha señalado a Peña Nieto, Calderón y Salinas, así como también a exministros, gobernadores y congresistas de aceptar sumas de varios millones a cambio del voto a favor de la reforma energética de México.

    Lozoya estuvo al frente de la empresa petrolera más importante del país entre 2012 y 2016, y se convirtió en uno de los hombres más cercanos al entonces presidente Peña Nieto. Ahora, el empresario denunció a dieciséis políticos de haber recibido sobornos por parte de la empresa brasileña. Entre ellos se incluyen a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), dos exministros, tres gobernadores aún en funciones, dos antiguos directores de Pemex, un excandidato presidencial, y varios senadores del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el PAN (Partido Acción Nacional).

    En la denuncia se hace alusión al reparto de maletines con dinero de la constructora Odebrecht en el marco de la campaña de Peña Nieto y a distintos diputados a fin de que apoyaran la reforma de la ley energética vigente en el país. Aprobada durante el Gobierno de Peña Nieto, la reforma energética habilitó la entrada de empresas privadas a la explotación del petróleo mexicano.

    El relato de la corrupción, filtrado a los medios de comunicación esta semana, convulsionó la política mexicana. En este sentido, es a partir de la confesión de lo sucedido que Lozoya aspira a evitar una condena de cárcel. Por su parte, el presidente Manuel López Obrador había solicitado a la fiscalía que hiciera público el contenido de la confesión a pesar de que ésta se encuentra protegida por el secreto sumario. Tras la filtración, el primer mandatario ha celebrado la denuncia en la medida en que socava la imagen de todo el arco opositor.

    Sin dudas, el proceso legal y el eventual juicio por la causa Odebrecht estarán atravesados por injerencias desde el poder que dificultarán la garantía del debido proceso. Aunque el final de la investigación aún parece lejana, ya constituye un antes y un después en la política mexicana.

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