El último domingo se cumplió un año del estallido social en Chile que puso en jaque a la presidencia de Sebastián Piñera. Las manifestaciones ocurridas este fin de semana devinieron en violencia en algunos puntos del país y resultaron en la muerte de un manifestante y más de 500 detenidos. La vuelta a las calles coincide, además, con la última semana antes del plebiscito constitucional que tendrá lugar el 25 de octubre.
En la zona de Plaza Italia, epicentro de las protestas desde 2019 en Santiago, se quemaron iglesias, comercios fueron saqueados, distintos grupos de barras bravas se enfrentaron entre sí y también hubo enfrentamientos con Carabineros.
El próximo domingo 14 millones de personas están habilitadas a expresarse en las urnas de forma voluntaria. Deberán decidir si aceptan o rechazan la reforma de la Constitución de 1980, vigente desde que fuera redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet y modificada en múltiples ocasiones desde la vuelta a la democracia.
La ciudadanía también deberá determinar quién se encargará de redactar la nueva ley fundamental. Las opciones consisten en la conformación de una convención constitucional integrada por 155 ciudadanos elegidos especialmente o una convención de 172 miembros dividida entre un 50% de ciudadanos elegidos como constituyentes y un 50% de parlamentarios actualmente en el cargo.
El referéndum tendrá lugar en un momento de crisis de confianza para el Gobierno de Piñera pero también para las instituciones democráticas y los partidos de oposición. En este sentido, el escenario aún permanece demasiado incierto a casi un año de la elección presidencial de 2021.