El Tribunal Constitucional de Chile avaló finalmente la ley que despenaliza el aborto en tres supuestos: riesgo para la vida de la madre, malformación del feto y violación, en una reñida votación (seis votos a favor y cuatro en contra).
De esta forma, la presidenta chilena Michelle Bachelet logra una victoria política importante, ya que se había involucrado de forma directa en la campaña por lograr esta medida.
Con este resultado, Chile abandona el reducido grupo de países latinoamericanos donde el aborto estaba prohibido en todos los casos. El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Honduras, no obstante, mantienen sus legislaciones herméticamente cerradas a la despenalización y castigan esta práctica con hasta 40 años de cárcel.
El caso chileno es particular ya que se trata de un derecho reconquistado. En Chile el aborto terapéutico estaba permitido desde 1931, pero fue luego prohibido por la dictadura de Pinochet que comenzara en 1973. Entre los principales opositores a la medida se encontraba la jerarquía eclesiástica y los sectores más conservadores del arco político del país trasandino.
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