El próximo 24 de enero es un día clave para Lula, pero más aún para el futuro político de Brasil. Tres magistrados de porto Alegre definirán si ratifican o anulan la condena impuesta a Lula por el juez Sergio Moro, por considerarlo responsable de la recepción de dádivas por parte de una constructora a cambio del otorgamiento de contratos públicos.
En octubre Brasil elegirá a su próximo presidente. Luego de la salida de Dilma Rousseff, que derivó en el opaco mandato del siempre cuestionado Michel Temer, la vida política de Brasil quedó convulsionada. El choque entre las clases más postergadas, partidarias de Lula y Dilma, y las clases más acomodadas, que vieron sostuvieron al gobierno de Temer, es cada vez más evidente.
De cara a octubre, Lula se posiciona como candidato mejor posicionado, con porcentajes de intención de voto superiores al 35%: los 36 millones de brasileños que según el mismo ex presidente salieron de la pobreza durante la gestión del Partido de los Trabajadores (PT), en agradecimiento, parecen ser su sostén. Sin embargo, la decisión que tomarán los jueces el próximo miércoles, de mantener la condena, dejaría a Lula inhabilitado al menos hasta que una instancia superior decida lo contrario.
¿Se hará justicia? ¿Ganará la voluntad popular? El Poder Judicial jugará en política como pocas veces antes en el país. La decisión final, incluidas las instancias de apelación superiores sea cual fuere la decisión del miércoles, prácticamente determinará si Lula será o no el próximo presidente de Brasil.