Pedro Pablo Kucyznski, presidente del Perú, se encuentra cada vez más cerca de perder el poder: ya solo faltan horas para que comience la sesión en el Congreso donde se debatirá la moción de “vacancia” presentada por la oposición, que cuenta con una mayoría parlamentaria, la cual decidió evaluar una moción de “permanente incapacidad moral”. Todo indica que será destituido.
Según lo escrito en el pedido firmado por una vasta mayoría de congresistas fujimoristas de Fuerza Popular –el frente político de derecha que perdió por poco margen las elecciones-, la figura legal “es aplicable a aquellas conductas graves que, sin ser delito ni infracciones de un juicio político, deterioren a tal magnitud la dignidad presidencial”.
Frente a esta acusación, el liberal Kuczynski deberá sostener su defensa ante el Congreso, luego de que se revelara públicamente que una empresa suya ofreció servicios de consultoría a la constructora brasileña Odebrecht entre 2004 y 2007. Se trata de la empresa que distribuyó pagos a funcionarios en toda América Latina para conseguir obras públicas y contratos con el Estado.
De hecho, fue Kuszynski quien reconoció, luego de negarlo, que había tenido vínculos con la empresa, a través de un contrato de asesoría gestionado por su entonces socio chileno Gerardo Sepúlveda cuando él era ministro de economía de Alejandro Toledo. Sin embargo, el actual presidente aseguró que no tenía conocimiento de que el dinero provenía de ese acuerdo.
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