El presidente venezolano, Nicolás Maduro, parece no acusar los sucesivos golpes que viene recibiendo de la comunidad internacional por la puesta en funcionamiento de la tan polémica Asamblea Constituyente.
La ONU, a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, condenó explícitamente al régimen chavista por las violaciones de derechos humanos perpetradas en el país, y responsabilizó directamente a “las más altas autoridades” del gobierno. Además, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) manifestó su «enérgico rechazo» por la decisión de la Asamblea Constituyente de quitar de su cargo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Estados Unidos, por su parte, está preparando nuevas sanciones para funcionarios de alto rango del gobierno de Maduro, con el objetivo de ejercer presión sobre las autoridades y en respuesta a la Asamblea Constituyente.
No obstante, Maduro parece hacer caso omiso a estas medidas, y dos hechos así lo avalan. Por un lado, el Tribunal Supremo de Justicia depuso al alcalde opositor del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, por considerar que incurrió en una «falta absoluta» al permitir la instalación de barricadas durante manifestaciones contra el presidente. Por el otro, la Comisión Nacional Electoral decidió impedir que la Mesa de Unidad Democrática (alianza opositora) se presente en la futura elección a gobernador en siete distritos, por mantener vigente litigios en la justicia electoral vinculados a elecciones anteriores.
Leer más: BBC / El Universal (Venezuela).