El escándalo ligado a la constructora brasileña Odebrecht continúa repercutiendo en toda América Latina, donde se registraron distintos casos de corrupción gubernamental ligados a la obra pública adjudicada a esta empresa.
Este lunes, México impuso una sanción a Odebrecht que le impedirá, por cuatro años, obtener contratos públicos en el país, después de que se demostrara el cobro indebido de 119 millones de pesos mexicanos (6,2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que esta inhabilitación prohíbe a la firma participar en procesos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) o con los estados, cuando usen recursos federales.
Desde que abrió su investigación el pasado año, la SFP hizo una auditoría sobre los diversos contratos que suscribió la constructora brasileña y sus filiales con algunas dependencias del Gobierno mexicano, entre ellas la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
La institución, encargada de vigilar el ejercicio público del Gobierno federal, ha iniciado hasta el momento ocho procedimientos administrativos relacionados con Odebrecht, desde que comenzó la investigación en diciembre de 2016.
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