Rusia anunció en los últimos días la apertura de una causa contra el titular de la Corte Penal Internacional, el fiscal principal Karim Khan, y otros tres miembros del organismo. Es la respuesta formal del Kremlin por las acusaciones contra Vladimir Putin y la comisionada por los derechos del niño rusa, María Lvova-Belova, por la deportación de niños ucranianos en el marco de la guerra.
Formalidades al margen, el expresidente ruso Dimitri Medvedev arremetió de manera agresiva contra el tribunal. Sugirió a los fiscales que “miren al cielo”, en una explícita amenaza sobre un eventual ataque de misil. Medvedev suele ser el funcionario de alto rango más agresivo de todo el Kremlin. Él es quien, semana a semana, se encarga de recordar el poderío nuclear de Rusia.
Se estima que Rusia se apropió de unos 16.000 niños y niñas ucranianos en el marco de la invasión. Se supone que los trasladan a Rusia, para ser criados por familias rusas, bajo costumbres rusas. La expropiación de infantes constituye un crimen de lesa humanidad. Por eso la Corte Penal Internacional cursó las denuncias contra los funcionarios de Rusia.
Cabe recordar que Rusia no es parte firmante del tratado que dio origen a la CPI. Por lo tanto, el tribunal carece de jurisdicción para detener a funcionarios rusos en Rusia. Sin embargo, sí puede detenerlo en cualquiera de los 130 países firmantes del tratado de Roma (que dio origen al tribunal) que hayan incorporado la normativa a su legislación local.