El presidente estadounidense, Donald Trump, informó ayer a los líderes del Congreso que está dispuesto a extender la protección de la deportación a cientos de miles de inmigrantes jóvenes, muchos de los cuales ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños (llamados “dreamers”), a cambio de que apoyen sus iniciativas de inmigración de “línea dura”.
La lista de demandas incluyen el envío de fondos para la construcción del muro en la frontera con México, la retención de subvenciones federales para las “ciudades santuario”, limitar la entrega de tarjetas verdes (“green cards”) e implementar un sistema basado en puntos para que los migrantes ingresaran a los Estados Unidos.
Distintos asistentes de la Casa Blanca dijeron a la prensa que de esta forma, el gobierno cumple su promesa de campaña de restringir la inmigración y “proteger a los trabajadores estadounidenses”. Esto se suma a una serie de acciones ejecutivas que incluyeron el aumento de las deportaciones y la prohibición al ingreso de personas y refugiados de ciertas naciones de mayoría musulmana.
Vale recordar que el mes pasado, el gobierno de Trump anunció un plan para poner fin al Deferred Action for Childhood Arrivals, un programa establecido por la administración Obama que protegía a los jóvenes de la deportación y les permitía acceder a licencias de trabajo renovables de dos años, que expiran en marzo de 2018.