A pesar de las crítica internas y externas, Nicolás Maduro mantiene su idea de que una Asamblea Constituyente, elegida por el voto popular, reforme la constitución venezolana y establezca las condiciones para superar la crisis política que atraviesa el país. Claro que esta asamblea sería a medida de los intereses de Maduro, y le permitiría acabar con la actual Asamblea Nacional, único poder que le es esquivo.
En las últimas horas, el Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el chavismo, emitió una resolución en la que afirma que «no es necesario ni constitucionalmente obligatorio un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente». Esta medida desató la ira de la oposición, que instó a la población afín a continuar con las protestas en contra de lo que consideran será la formalización del fin de la democracia en Venezuela.
Las voces en favor y en contra de la medida abundan. A nivel local, la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Socorro Hernández, sostuvo que no hay requisito formal que indique que la asamblea deba ser avalada por un referéndum, en un claro guiño a Maduro. Fue una buena noticia para el oficialismo, luego de que días atrás la fiscal general de Venezuela, se manifestara abiertamente en contra de la medida.
A nivel externo, desde Europa, el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, instó a la Unión Europea a evaluar medidas concretas contra el régimen de Maduro, al que define como “autoritario”. Y desde México, el canciller Luis Videgaray aseguró que intentará detener la Asamblea Constituyente de Maduro a través de una presentación ante la OEA, aunque la entidad no logra llegar a un acuerdo al respecto.
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